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    Debates obligatorios y Transición Presidencial

    Aprobamos en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que establece las reglas para la transición de gobierno, y convertimos en Ley la obligatoriedad de los debates presidenciales. 
    Ambos temas son de gran importancia para la democracia de nuestro país y nos permiten avanzar en la reforma política planteada por este Gobierno para dotar al sistema de transparencia y previsibilidad. 
    El proyecto de transición de gobierno remitido por el Poder Ejecutivo es simple y de gran trascendencia. Ha sido inspirado en las dificultades que hubo en la etapa de transición, antes que asumiera el actual Presidente. Dificultades que se originaron en la absoluta falta de colaboración del gobierno saliente y en la absoluta falta de información proporcionada por el gobierno saliente.
    Para evitar dichas dificultades es que reglamentamos el periodo de transición de Gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, estableciendo reglas claras y las acciones necesarias para garantizar el cambio de administración y el suministro de información sobre el estado del país que al nuevo gobierno le permita funcionar al momento de asumir. 
    Por otra parte, y tras el debate en comisión, se han incorporado tres artículos a pedido de Diputadas de la oposición: la prohibición al gobierno saliente de comprometer crédito público salvo expresa autorización del Congreso; la prohibición al gobierno saliente de contratar, designar, ascender o reclasificar al personal del Estado durante la transición; y un artículo que establece que el incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios durante la transición se equipara con la figura de incumplimiento de la función pública. 
    El proyecto, aprobado por 138 votos afirmativos, 49 negativos y 4 abstenciones, será enviado al Senado para su tratamiento y sanción definitiva. 
    En relación al proyecto sobre debates presidenciales obligatorios, venido en revisión del Senado, entendemos que en argentina cuesta mucho establecer los debates presidenciales previos a las elecciones y es dificultoso ponerse de acuerdo sobre las características del mismo, por lo tanto, el Poder Ejecutivo ha considerado saludable reglamentar los debates y hacerlos obligatorios.
    La finalidad es que los candidatos a presidente le den a conocer las plataformas electorales de sus partidos al electorado y debatan sobre ellas. Además, la obligatoriedad de participación se establece para todos los candidatos consagrados por las PASO, siendo lo más democrático y evitando exclusiones. 
    Destaco también que la sanción, para el caso en que alguno de los candidatos decida no participar, es la pérdida de los espacios publicitarios gratuitos que serán redistribuidos entre el resto de los candidatos que si participen. Por otro lado, debe quedar en evidencia que allí hay un candidato ausente, dejando su silla vacía durante el debate.
    Es importante resaltar la participación de la Cámara Nacional Electoral como autoridad de aplicación de la norma y como organizadora de los debates con el asesoramiento de organizaciones académicas y de la sociedad civil, así como también, la televisación y radiodifusión a través de emisoras estatales con acceso libre y gratuito a cualquier otra emisora radial o televisiva que así lo desee, con el objeto de alcanzar la máxima difusión posible. 
    El proyecto fue aprobado y convertido en Ley con 152 votos positivos, 38 negativos y una abstención.

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