Dura reacción a la idea del Presidente de ponerle un límite al cargo de los jueces.

• 2 agosto, 2021
• gráfica

Clarín. 02/08/2021

La oposición cuestionó a Alberto Fernández y dijo que solo puede hacerlo con una reforma constitucional. Criticaron la intromisión judicial. La Asociación de Magistrados, en alerta.
La sorpresiva ofensiva sobre la Justicia que desplegó el presidente Alberto Fernández este fin de semana generó una dura reacción en sectores de la Justicia y la oposición. El sábado, en un encuentro virtual con estudiantes de derecho, Fernández planteó discutir el tiempo en que los jueces deben permanecer en sus cargos.
Según propuso el Presidente, un juez designado por 10 años «al cabo de 10 años deberá revalidar su condición».
Hasta ahora, rige el principio de inamovilidad de los jueces quienes pueden permanecer en su cargo -una vez que ganen sus concursos- hasta los 75 años a menos que se los remueva por un juicio político. Está en la Constitución Nacional.
Desde la oposición fueron durísimo con la propuesta del Presidente.
«Es una idea totalmente ajena a nuestro sistema institucional y a nuestras tradiciones. Además de que sería una innovación rarísima en el sistema judicial, requeriría una reforma constitucional porque la Constitución dice que los jueces conservan su empleo mientras dure su buena conducta, es decir, que son vitalicios o hasta que alcancen la edad de 75 años», sostuvo ante Clarín el diputado del PRO Pablo Tonelli.
Tonelli, que además es representante del Consejo de la Magistratura, donde se eligen y sancionan a los magistrados, agregó: «No tiene ninguna utilidad. Más bien me hace pensar en las intenciones siempre presentes del Gobierno de querer conquistar y tener una Justicia amañada e integrada por jueces que les respondan y que no sean independientes».
En la misma línea salió a cuestionar al Presidente el diputado y jefe del bloque de legisladores de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. «El Presidente ya no sabe qué hacer para que no haya Justicia. Ya no importa si el profesor de derecho lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso. Lo dice y lo quiere hacer», sostuvo.
También hubo reacciones en el plano judicial. Ayer, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales que preside Marcelo Gallo Tagle, estaban en alerta por las palabras de Fernández y preparaban un comunicado que sería publicado hoy.
Y la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial sacó un documento en el que expresó un «categórico desacuerdo» con las palabras del Presidente en las que relativizó «el valor de la permanencia en los cargos judiciales establecida como base de la independencia judicial».
El constitucionalista Daniel Sabsay fue otro de los que cuestionó al Presidente. Desde su cuenta de Twitter sostuvo que el mandatario «ha mentido o ignora la Constitución» al manifestar que por una Ley se puede acortar el período de los jueces a 10 años. «Éstos se mantienen en sus funciones mientras dure su buena conducta y a los 75 años requieren de un nuevo acuerdo del Senado», dijo.
El profesor de derecho Constitucional Felix Lonigro fue durísimo.
«Es un ignorante», se despachó en las redes sobre Fernández y su propuesta.
«Señor Presidente, ‘abogado’: si la Constitución dispone que los jueces duran en su cargo mientras dura su buena conducta, usted no puede fijarles un límite de tiempo por ley, porque seria inconstitucional», dijo.
El diputado del PRO Waldo Wolff también se sumó a los cuestionamientos.
«Más allá de cuestionar la Constitucionalidad de su propuesta, la intangibilidad de los jueces está garantizada para que tengan independencia.
En el Consejo de la Magistratura ya existen mecanismos para removerlos si incumplen con sus funciones.
Hay sindicalistas que hace 30 y 40 años que están en su cargos y gobernadores feudales como Gildo Insfrán que más de 20. De eso debería preocuparse el Presidente», sostuvo Wolff.
El diputado del PRO por Santa Fe y precandidato a senador Federico Angelini también se sumó a las críticas y apuntó al rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner. «El Presidente cumple con los mandados de su vice para intentar influir en el Poder Judicial y continuar con el plan de impunidad para Cristina Fernández. La obsesión del kirchnerismo con manejar la Justicia es tal que durante el actual gobierno pasó a ser su máxima prioridad, por encima de la gestión de la seguridad, la actividad económica, la salud y la educación», se despachó.
Las palabras del Presidente, que abrieron el debate sobre la duración del cargo de los jueces, las pronunció en un encuentro virtual con estudiantes de derecho el sábado pasado.
«¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas», señaló.
Tras esa afirmación sostuvo su idea principal que generó revuelo.
«Ahora, así como nosotros podemos decir que el Procurador debe durar en su mandato X cantidad de años y después deberá renovar su designación, lo mismo podemos decir de los jueces. Uno puede decir que un juez es designado por 10 años y al cabo de 10 años deberá revalidar su condición de juez», agregó.
Desde que asumió el Presidente, el Gobierno redobló la presión a la Justicia. Impulsó la reforma judicial -hasta ahora paralizada- y busca modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal para desplazar al procurador interino Eduardo Casal y nombrar a uno propio. Esta iniciativa, por ahora, no logra avanzar en el Congreso.
Aunque tiene media sanción en el Senado, en Diputados el oficialismo no logró conseguir apoyos suficientes.
Además, por las presiones del kirchnerismo duro, también fue desplazada la ministra de Justicia Marcela Losardo -amiga del Presidente- y asumió Martín Soria. Incluso la vicepresidenta logró mejorar su situación judicial. Recuperó sus empresas embargadas, volteó la causa del Dólar Futuro y busca hacer lo mismo con el expediente del Pacto con Irán.

Más presión. El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Justicia, Martín Soria. Siguen las tensiones con los jueces.