Un cambio silencioso pero efectivo.

    Han pasado 20 años desde que el Congreso sancionó la ley 24.937 por medio de la cual reglamentó el artículo 114 de la Constitución Nacional que había incorporado a nuestro sistema institucional el Consejo de la Magistratura.

    Este órgano colegiado luego reformado por la ley 26.080, se encuentra integrado, no sin polémica, por 13 miembros entre los que se encuentran abogados, jueces y legisladores, con mayor presencia de estos últimos, un representante del sector académico y otro del Poder Ejecutivo.

    Luego de que avanzaran distintos planteos de inconstitucionalidad a la última reforma, el Poder Ejecutivo envió recientemente al Congreso un proyecto de ley que promueve recuperar la pauta constitucional del “equilibrio” entre los distintos estamentos.

    Al cumplirse, entonces, veinte años de la sanción de la ley 24.937 y en tiempos en que el Poder Judicial se encuentra tan cuestionado y observado por la ciudadanía, parece atinado dar un panorama de la situación actual del Consejo, en lo que refiere a sus dos misiones más trascendentes.

    Una de esas misiones es la realización de los concursos públicos de oposición y antecedentes de los que surgen las ternas de candidatos que se envían al Poder Ejecutivo y que constituye el primer paso en el complejo proceso de designación de los magistrados de la justicia federal.

    Desde que se constituyó, el Consejo lleva remitidas más de 790 ternas al Poder Ejecutivo, cifra cercana a la totalidad de cargos de magistrados de todas las instancias y fueros existentes tanto de los tribunales nacionales como federales habilitados, que ronda el millar.

    Sin perjuicio de ello, hasta hace un par de años el ritmo de la renovación natural de los magistrados superaba, de manera muy holgada al ritmo que tanto el Consejo como el gobierno le imponían a la designación de nuevos jueces y cobertura de las vacantes.  Prueba de ello, es que al momento de asumir el presidente Macri, más de un tercio de los tribunales se encontraba vacante.  Y como se sabe, ello trae aparejada una sobrecarga al servicio de justicia, toda vez que un tercio de los jueces federales debían impartir justicia con dos tribunales a cargo.

    No obstante, desde hace un par de años, luego del cambio de gobierno, comenzó a cambiar la tendencia, como resultado de una nueva integración del Consejo decidida a construir los consensos necesarios para cumplir esa primordial tarea de selección de candidatos a magistrados.

    Los números no mienten.  En 2016 el presidente designó 26 nuevos magistrados, en 2017 ese número se duplicó a 46 y hay indicios suficientes para pronosticar que este año ese número volverá a duplicarse y será récord en materia de remisión de ternas.

    A la fecha, en el Consejo tramitan concursos para cubrir 190 cargos de magistrados, incluyendo tribunales creados por ley, pero aún no habilitados.  Por su parte, el Poder Ejecutivo tiene a consideración 50 ternas y en el Senado esperan el pertinente acuerdo más de 35 pliegos.

    Este impulso, fruto del consenso y el compromiso de todos los actores que conforman el sistema, mostrará en breve una contundente disminución en el número de vacantes, con la consecuente y beneficiosa disminución de subrogancias.

    Por otra parte, el Consejo es el responsable de ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados y, llegado el caso, decidir la apertura del procedimiento de remoción y formular la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.

    Respecto de esta función es destacable la impronta que ha tenido el Consejo en los últimos años al promover diversas auditorias sobre la justicia federal en materia de narcotráfico, trata de personas y aquella que analiza el desempeño de los magistrados en las causas de corrupción.  De los resultados de estas auditorías se podrá, por un lado, discernir qué juzgados funcionan de manera satisfactoria y cuáles merecen algún reproche.  Esta distinción será fundamental para evitar generalizaciones injustas y para promover las reformas legales que resulten necesarias.

    Un caso emblemático de esa tarea fue el del ex juez de cámara Eduardo Freiler, destituido por el Jurado de Enjuiciamiento luego de un proceso impulsado por el Consejo y en el cual el ex magistrado no pudo justificar ni su patrimonio ni su nivel de vida.  Pero, además, en los últimos dos años hubo otros ocho magistrados que renunciaron como consecuencia de las investigaciones promovidas por el Consejo.

    Entre los muchos expedientes disciplinarios actualmente en trámite, se destacan, como nunca antes, aquellos relacionados con el maltrato laboral, inconsistencias patrimoniales y la posible comisión de actos indecorosos por parte de los magistrados.

    En definitiva, es posible afirmar que existe un cambio, tal vez silencioso pero efectivo, para que el Consejo de la Magistratura cumpla el objetivo de afianzar la justicia que contiene nuestro preámbulo y que ello no sea una mera exclamación, sino una verdadera política de Estado.

     

    Pablo G. Tonelli

    Diputado Nacional y Consejero de la Magistratura.

    Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

    Presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación.

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