PASO

Anuario de Gestión 2019

Estimados amigos,Concluyó la presidencia de Mauricio Macri tras cuatro años de gestión transparente, realista y responsable, en la cual se afrontaron los problemas de la Argentina con honestidad, diciendo la verdad y sin relato.Los resultados en materia económica no fueron los deseados y los resultados de las reformas no llegaron a tiempo, claro está. Sin embargo, se construyeron los cimientos para el crecimiento. Se ordenó la economía, que hoy está mejor preparada para crecer. Con respecto a la gestión anterior, se equilibraron las cuentas públicas, se revirtió la balanza comercial y dejamos el doble de reservas en el Banco Central. Los impuestos bajaron, aunque siguen altos. El gasto público, que se había duplicado en la última década, disminuyó.Se tomaron medidas con vistas al desarrollo. La apertura inteligente al mundo permitió recuperar el respeto hacia la Argentina, abrir nuevos mercados, la firma de acuerdos comerciales relevantes y el consecuente aumento en las exportaciones.Se puso en marcha un plan de infraestructura, sin sobreprecios, en el cual obra que empezaba, se terminaba. Se recuperaron los trenes de carga, luego de años de abandono. Se realizaron autopistas, rutas, puentes, aeropuertos, cloacas y obras hídricas para evitar inundaciones con resultados históricos.Recuperamos la energía. Lejos de la deplorable situación del 2015, hoy aumentó la producción de gas, se triplicó la de gas no convencional, y se duplicaron las exportaciones. Ya no tenemos déficit comercial de energía. Aumentó considerablemente la capacidad de generación eléctrica y de energías renovables.La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado fue inédita. Hubo récord de incautación de droga y recuperación de autopartes. Bajaron los homicidios, los secuestros, la violencia de las fuerzas de seguridad y la violencia en el fútbol.

Dimos un salto en lo que respecta a la calidad democrática. Mejoró el funcionamiento del estado y de las empresas públicas, se designaron funcionarios por concurso y se modernizó el estado. Vivimos en plena vigencia de la libertad de prensa y de expresión, sin el uso de la publicidad oficial como premio o castigo a los periodistas por sus opiniones, sin cadenas nacionales abusivas y con conferencias de prensa como nunca antes. El presupuesto en publicidad oficial disminuyó un 70%.

La justicia es hoy más rápida, transparente y cercana a la gente, con juicios civiles que pasaron de durar 5 años a algo más de un año, gracias a la progresiva implantación de la oralidad, sumado a la implementación del nuevo código procesal penal.

Mejoró la calidad de enseñanza, se amplió la cobertura a niños vulnerables y adultos mayores, los programas sociales se llevaron adelante sin clientelismo. Disminuyeron la mortalidad infantil y los embarazos no deseados en adolescentes. Las jubilaciones salen más rápido, se pagan las sentencias de la justicia y los jubilados cobran lo que les corresponde gracias a la reparación histórica.

En el Congreso, en cuatro años, logramos trabajar con los diferentes bloques políticos para aprobar leyes relevantes en materia social, institucional y económica tales como: la Ley de Integración Socio-Urbana, el Código Procesal Penal, la Ley del Arrepentido, el Consenso Fiscal, la Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, la Ley de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Brisa), la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Ley Justina), la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, la Ley PyME, la Ley de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas, la Reforma Tributaria, la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, la Ley de Financiamiento Productivo, y la Ley para capacitar sobre violencia de género en los tres poderes del Estado (Ley Micaela), entre otras.

Desde el Consejo de la Magistratura se realizaron necesarias auditorías a la justicia federal penal, en el fuero laboral, por casos de narcotráfico y sobornos trasnacionales. Además, logramos un récord de ternas remitidas al Poder Ejecutivo para la designación de jueces, y una intensa actividad en la Comisión de Disciplina y Acusación.
Lamento que la difícil situación económica que deja el gobierno haya opacado estos evidentes avances.

Finalmente, aprovecho este espacio para agradecer a todos los vecinos de la ciudad que confiaron en nosotros y nos permitieron hacer una elección histórica. Y gracias a todos los argentinos que apoyaron nuestro proyecto desde cada rincón del país. En estas elecciones he renovado mi banca en la Cámara de Diputados para el periodo 2019-2023. Nos toca ahora ejercer con responsabilidad un nuevo rol en el Congreso. Vamos a seguir adelante defendiendo la democracia, la justicia independiente, las reglas de juego claras, la transparencia, y a sostener los valores republicanos con más fuerza que nunca. En el Consejo de la Magistratura seguiré hasta concluir mi mandato en noviembre de 2022.
Además de los temas relevantes del 2019 que desarrollo a continuación, los invito a conocer más sobre mi gestión y la de mi equipo ingresando a mis redes sociales y a mi sitio en internet, canales a través de los cuales nos podemos comunicar en forma cotidiana.

Les deseo unas felices fiestas junto a sus seres queridos. ¡Brindemos por los afectos, la paz, la justicia y la república!

Cordialmente.

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Labor Parlamentaria


FICHA LIMPIA
El 7 de agosto pasado, tras un gran trabajo de un grupo de ciudadanos que reclamaban su tratamiento, logramos debatir en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia el proyecto de ficha limpia. Consensuamos un dictamen de mayoría que establecía la inhabilitación para ser candidatos de condenados por delitos de corrupción y contra el Estado.
Insistimos en su tratamiento en el recinto y el 21 noviembre llamamos a una sesión extraordinaria pero no hubo quórum. Nos manifestamos en minoría a favor de este importante proyecto para la lucha contra la corrupción, a pesar de la ausencia de los demás bloques parlamentarios. Vamos a seguir trabajando para aprobar esta iniciativa en el próximo año parlamentario.
Ficha limpia es una iniciativa clave para la lucha contra la corrupción y la impunidad, junto a otras medidas abordadas por el Gobierno en los últimos cuatro años, como la extinción de domino (para recuperar lo robado), la ley del arrepentido, la modificación del Código Procesal Penal, la ley de acceso a la información pública, la ley de ética pública, y la ley de financiamiento político.

Ver intervención en el recinto
LEY DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS
El Congreso aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos. El nuevo régimen implica un gran avance en materia de transparencia.
Destaco la bancarización de todos los aportes y la posibilidad de aportar de las empresas privadas con un tope del 2%. Se plantea, además, una nueva regulación sobre las campañas publicitarias y regula por primera vez las campañas en redes sociales. Se regula la actividad de las encuestadoras, establece que el aportante tiene que manifestar su libre voluntad de contribuir y que debe identificarse, se aumentan las penas y sanciones por incumplimiento de la norma, y se aumenta el aporte del Estado a la impresión de boletas.
En definitiva, ahora existen mayores obligaciones para los partidos políticos, un incremento sustancial de las competencias de la Cámara Nacional Electoral en materia de control, y mayor acceso a la información por parte de los ciudadanos. Ver intervención en el recinto. Ver ley
DEROGACIÓN DE LAS PASO
Presenté un proyecto de ley para derogar las PASO. Dicho proyecto establece la derogación del título II de la ley 26.571 que introdujo en 2009 las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y que las internas de los partidos políticos se realicen, tal como ocurría hasta entonces, de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas cartas orgánicas.
Los motivos que me llevaron a presentar este proyecto se fundan en dos consideraciones relevantes de índole política y en los vicios de inconstitucionalidad que, a mi juicio, padece la ley 26.571. La primera consideración política es que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias contradicen la finalidad que el constituyente tuvo en mira a la hora de disponer, en el artículo 95 de la Constitución Nacional, que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los sesenta días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión del presidente que culmina su mandato. Con la incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente y eso es, precisamente, lo que la Constitución pretende evitar.
La segunda consideración es que las PASO han desnaturalizado su concepción inicial y que en la experiencia reciente no sirvieron para dirimir candidaturas entre diferentes líneas internas o fórmulas de una misma agrupación política, sino entre listas y fórmulas de diferentes partidos políticos o alianzas, como si se tratara de una elección general. También pueden ser vistas como una gigantesca encuesta de altísimo costo económico para la ciudadanía.
Sostengo que las PASO son inconstitucionales por la irrazonable restricción a la libertad de los partidos políticos para elegir a sus candidatos y a los derechos políticos activos del ciudadano, a quien se lo obliga a votar en internas de agrupaciones políticas a las que probablemente no pertenece.
Resulta aconsejable volver al tradicional sistema en el que cada agrupación política resuelve, autónoma y libremente, la manera de elegir a sus candidatos. No solo por los vicios del actual sistema de PASO, sino también porque aquel es el único compatible con la Constitución Nacional. Ver proyecto
MODIFICACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA JUSTICIA
Presenté, junto a Mario Negri, Álvaro González y Diego Mestre, un proyecto de ley para redistribuir los recursos asignados por la ley de autarquía al Poder Judicial, disminuyendo los correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y aumentando los recursos del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de administrar el Poder Judicial.
La ley 23.853 asigna al Poder Judicial el 3,5% “de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central”. Y de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, dictado por el expresidente Kirchner, el 0,57% es asignado a la Corte Suprema de Justicia y el 2,93% al Consejo de la Magistratura.
Este esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura de la Nación ―y a los tribunales bajo su administración― en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial.
Tan inadecuada ha sido la asignación de recursos presupuestarios en cabeza del Consejo de la Magistratura, que más del 95% de ellos se destina al pago de salarios, lo que hace imposible aplicar fondos para hacer inversiones mínimas. Por otro lado, la situación presupuestaria y financiera de la Corte Suprema es diametralmente opuesta. A partir del desequilibrio presupuestario introducido mediante el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, la Corte Suprema pasó a poder administrar una masa superavitaria de fondos que no tienen aplicación al pago de haberes o a inversión en el Poder Judicial de la Nación, y que se mantienen bajo la absoluta discrecionalidad del más alto tribunal.
En los fundamentos del proyecto enfatizamos que “la readecuación de la distribución de los fondos asignados al Poder Judicial resulta indispensable para sanear la administración de recursos de este poder del Estado, así como para evitar las consecuencias negativas que derivan de la dependencia económica y la emergencia de la infraestructura por falta de inversión”.
La modificación propuesta implica que del 3,5% del presupuesto asignado, el 0,20% sea para la Corte Suprema de Justicia y el 3,30% para el Consejo de la Magistratura.Ver proyecto

COMPROMISO ÉTICO DIGITAL
A instancias de la Cámara Nacional Electoral, diferentes referentes políticos y organizaciones de la sociedad civil firmamos el “Compromiso Ético Digital”. Asumimos el compromiso del uso responsable de las redes sociales para evitar noticias falsas. Es un gran paso adelante que, junto con la Ley de Financiamiento Electoral, que sancionó el Congreso y regula por primera vez la publicidad digital en redes sociales, tiene como objeto combatir la desinformación y el daño que ocasiona la divulgación de contenidos falsos que circulan en medios digitales.Ver acta de compromiso
Labor en el Consejo de la Magistratura

COMISIÓN DE DISCIPLINA Y ACUSACION
En 2019 me desempeñé como vicepresidente de la Comisión de Disciplina y Acusación y estuve a cargo de la presidencia de dicha comisión desde julio. Durante este año se recibieron 181 nuevas denuncias y se aprobaron 133 dictámenes.
Desde 2016, con el acompañamiento de los demás integrantes de la comisión, trabajamos para revertir el letargo en el cual se encontraban las denuncias ingresadas la década anterior. Resta mucho por hacer, pero nuestro principal objetivo es cumplir con la obligación del cuerpo de ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados que le corresponde.
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS
Integro, también, la Comisión de Selección de Magistrados. Este año, la comisión llamó a 18 nuevos concursos destinados a cubrir 40 vacantes del Poder Judicial de la Nación, realizó 17 pruebas de oposición en las que se inscribieron 1936 postulantes, celebró 278 entrevistas personales en el marco de 15 concursos, y elevó 43 ternas para consideración del Plenario.
Con la misma impronta de trabajo, el plenario aprobó 25 ternas y el Poder Ejecutivo elevó 82 pedidos de acuerdo al Senado y realizó 38 nombramientos de magistrados.
Necesitamos terminar con el alto número de vacantes en la justicia que afecta a todos los ciudadanos que merecen una mejor administración y prestación de justicia. Y es por ello que resulta preocupante que el Senado no avance con los casi 200 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo que tiene pendiente de tratamiento.
COMISIÓN DE ADMMINISTRACIÓN Y FINANCIERA
Esta comisión tiene como competencia la de fiscalizar y aprobar la gestión de la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, realizar auditorías, efectuar el control de legalidad e informar periódicamente sobre ello al plenario del Consejo.
A lo largo del año hemos emitido más de 120 dictámenes y 100 resoluciones sobre distintas cuestiones relacionadas con la administración del Poder Judicial en materia de compras y contrataciones, recursos humanos, y demás presentaciones bajo su competencia.

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