Anuario de gestión 2022
- 16 diciembre, 2022
- Anuarios, Noticias principales
Estimados amigos,
Termina un año más, marcado por el fracaso del gobierno. La desconexión con la realidad se aprecia en las prioridades de nuestros gobernantes. Los dos principales objetivos del oficialismo kirchnerista son la impunidad para su jefa Cristina Kirchner y convertir a los argentinos en clientes pobres de un estado fallido a cambio de planes sociales.
Llevamos más de tres años de oportunidades perdidas. De un gobierno sin plan ni horizonte, un gobierno de mentiras, torpezas, deshonestidad, y zigzagueos, que destruye en lugar de construir. Tres años de un gobierno paralizado por las peleas internas de las agrupaciones que componen el Frente de Todos. Y en el medio estamos todos los argentinos que no sabemos quién gobierna ni hacia dónde vamos.
Este 2022 que termina fue un año en el cual abundaron los intentos para paralizar instituciones claves de nuestra democracia como el Congreso, el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, el federalismo y la autonomía de las provincias. Además del ataque al periodismo independiente. La contracara es la escasez absoluta de políticas públicas para resolver los problemas de los argentinos: la inflación descontrolada y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, la inseguridad, la pobreza, la falta de educación de calidad, la falta de acceso al servicio de salud, la inestabilidad económica, la proliferación de cepos a la producción y el desarrollo, y la inhabilidad para crear empleo registrado fuera del Estado.
El 18 de noviembre pasado culminó mi mandato en el Consejo de la Magistratura tras siete años de formar parte del organismo en representación de la Cámara de Diputados de la Nación. A partir del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la conformación del Consejo, surgió una controversia en torno a la posible reelección de los consejeros. Personalmente, no estoy de acuerdo con la interpretación de la jueza Servini de Cubría de acuerdo con la cual a partir de ese fallo empezaba todo de cero y entonces a pesar de que la ley dice que no se puede reelegir, si se puede reelegir. Luego de pasarme una vida reclamando que se cumpla con la ley y la Constitución, no iba a ser yo quien la violara. Por eso me preció que lo mejor era dar un paso al costado, dar por terminada mi labor en el Consejo y ser reemplazado por un apreciado colega como Álvaro González. Continúo si mi actual mandato como diputado nacional hasta diciembre de 2023.
Ver informe de gestión en el Consejo de la Magistratura 2016/2022.
La labor del Consejo durante este año se vio atravesada por la pelea del oficialismo contra la Corte Suprema y el Poder Judicial en general. Es una situación innecesariamente grave que se ha complejizado por la decisión de la vicepresidente de la Nación de no acatar los fallos de la Corte Suprema y la ley, que se da porque ella no reconoce los límites del sistema republicano. El objetivo del oficialismo pareciera ser que el Consejo no funcione.
Desde el Congreso también hubo aportes a esta estrategia. El ejemplo más reciente es la maniobra ilegal de la presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, de retirar las designaciones de los legisladores que deben integrar el Consejo de la Magistratura. No solo no tiene atribuciones para ello, sino que además una decisión que ya ha surtido efecto no puede ser revocada por su autor, lo cual está expresamente establecido en la ley de procedimientos administrativos.
Si el gobierno estuviera realmente interesado en que la justicia funcione correctamente debería dejar de lado los constantes intentos de la vicepresidente por conformar una justicia adicta que resuelva sus problemas penales, nombrar al quinto juez de la Corte Suprema cuya vacante se produjo luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, dejar de cajonear las ternas que tiene el Poder Ejecutivo para resolver las designaciones, así como también destrabar los acuerdos en el Senado para nombrar jueces (58 cargos pendientes de designación). Además, debería dejar de entorpecer el funcionamiento y la conformación del Consejo de la Magistratura con maniobras ilegales cuyo único objetivo es evitar que avancen los expedientes por mal desempeño de jueces sospechados de corrupción y la intención de imponer las ternas conformadas por sus amigos y no fruto de un consenso para designar a los mejores. El kirchnerismo critica el funcionamiento de la justicia, pero lo que tiene que hacer no lo hace: dialogar y trabajar.
A pesar de la crisis que atravesamos y del hartazgo, comienza una etapa con grandes desafíos de cara al 2023, un año electoral en el cual necesitamos demostrar en las urnas que queremos recuperar la Argentina del trabajo y la producción, de la previsibilidad, las reglas de juego claras y la institucionalidad. Un año con esperanza de futuro que nos va a permitir librarnos del relato, del populismo corrupto y de las promesas incumplidas. Desde la oposición vamos a seguir trabajando para frenar cada atropello, cada improvisación, y colocar así a nuestro país en el sendero correcto.
Desarrollo a continuación los temas más relevantes sobre los que trabajé durante el año y los invito a conocer más sobre mi gestión y la de mi equipo ingresando a mis redes sociales y a mi sitio en internet, canales a través de los cuales nos podemos comunicar en forma cotidiana.
Les deseo unas felices fiestas junto a sus seres queridos. ¡Brindemos por los afectos, la paz, la justicia y la república!
Cordialmente.
Boleta Única papel.
En 2007 presenté el primer proyecto de boleta única que hubo en el Congreso. Hace 15 años que bregamos, junto a otros diputados, por este proyecto. En junio pasado fue aprobado en la Cámara de Diputados. Resta, desde ese entonces, la aprobación del Senado.
El artículo 37 de la Constitución Nacional establece que el Estado garantiza los derechos políticos de los ciudadanos. El derecho político por excelencia es el de votar por quien uno quiera. Este derecho no está garantizado por el sistema actual. Nadie ha desmentido está objeción ni nadie ha dicho cómo se soluciona porque no tiene solución con el actual sistema de boleta partidaria.
El sistema de boleta única tiene un mérito irrefutable: les garantiza a todos y cada uno de los electores del país que van a poder votar por el candidato de su preferencia.
Por otro lado, con el actual sistema, salvo los partidos más grandes, la mayor parte de las agrupaciones políticas no cuentan con el dinero suficiente para imprimir boletas, el aporte del Estado no alcanza y no cuentan con los fiscales necesarios para reponer boletas en caso de faltantes o robos. Por estas razones es muy común que el ciudadano no encuentre la boleta de su preferencia.
Celebro este avance, porque una vez aprobado el proyecto, le habremos garantizado hasta el último elector que cuando entre al cuarto oscuro va a ejercer ese acto de soberanía con total libertad y va a poder votar por el candidato de su preferencia.
Lamento que el oficialismo, el Frente de Todos, se haya encerrado en una actitud contraria porque sabe que este problema es real y debemos solucionarlo. En lugar de proponer reformas defienden un método obsoleto y obtuso.
Ver mi intervención en el recinto.
Ver mi intervención en el plenario de comisiones.
Presentación Ficha Limpia.
El proyecto establece que aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, contra el estado y la administración pública, y que tengan condena confirmada en segunda instancia, queden inhabilitadas para ser candidatos a cargos públicos, cosa que hoy en día no ocurre porque es necesario esperar que la condena sea confirmada en todas las instancias, incluida la Corte Suprema. Propiciamos que quienes atenten contra el sistema democrático de acuerdo con lo que prescribe el artículo 36 de la Constitución Nacional no puedan ser candidatos y desempeñarse en cargos electivos.
Recordemos que se trata de una iniciativa ciudadana que tomamos un grupo de diputados y discutimos en profundidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales en 2018 y 2019, hasta acordar un dictamen que llevamos al recinto en una sesión especial. En dicha oportunidad no se obtuvo el quorum necesario por falta de apoyo del actual oficialismo. Lamentamos esa situación y volvimos a presentar el proyecto en marzo, ya que había perdido estado parlamentario por falta de tratamiento. Esperamos que en esta ocasión podamos llevar adelante el trámite parlamentario necesario para que este proyecto se convierta en ley y finalmente dar un gran paso en la lucha contra la corrupción y el delito.
Tal como establecen los fundamentos del proyecto, la lucha contra la corrupción como auténtica política de estado tiene como una de sus aplicaciones concretas la suspensión temporaria para acceder a cargos públicos de las personas condenadas por tales delitos, tal como surge del artículo 7.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aun cuando la condena no se encuentre absolutamente firme.
El Congreso tiene una enorme deuda con la sociedad y la democracia. Es hora de frenar la erosión de las instituciones y el avance de la corrupción y la impunidad en Argentina. Ficha limpia es una gran herramienta para comenzar a saldar esa deuda.
Sobre el proyecto oficial de modificación del Consejo de la Magistratura.
La mejor solución, la solución más democrática a la situación que enfrentamos en el Consejo de la Magistratura, es una nueva ley del Congreso. Tenemos dos diferencias sustanciales respecto del proyecto del Poder Ejecutivo. El artículo 114 de la Constitución Nacional dice que tienen que estar representados en el Consejo los jueces de todas las instancias y no tengo ninguna duda de que la Corte es una instancia del Poder Judicial. Para cumplir con la manda constitucional la Corte Suprema tiene que estar allí.
En segundo lugar, el proyecto del Poder Ejecutivo propone un Consejo de 33 miembros porque se agrega una comisión federal de 16 senadores que interviene en todo, pero no interviene en nada y rompe totalmente el equilibro. Sospecho que la presencia de esa comisión se debe a la necesidad de obtener un voto en el Senado del Senador que propició esa incorporación.
Se nos hace imposible votar este proyecto porque no está asegurada la representación de todas las instancias en el Consejo y porque incluye esta absurda comisión federal de 16 senadores.
Al día de hoy el proyecto no ha sido consensuado ni ha avanzado en el trabajo en comisión.
Cabe recordar que, en 2018 y luego en 2021, presenté sendos proyectos para despolitizar el Consejo de la Magistratura, despejar la inseguridad jurídica en torno a su funcionamiento y para que sea un órgano independiente, eficiente y ágil.
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