El Consejo de la Magistratura resolverá el 17 de noviembre si destituye a Eduardo Freiler.

• 26 octubre, 2017
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La Nación. 26/10/2017.

Los letrados deben determinar el futuro del camarita, que es juzgado por presunto mal desempeño de sus funciones.
La suerte del suspendido camarista federal Eduardo Freiler quedará definida el 17 de noviembre próximo, cuando el jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura dé a conocer el fallo en el proceso abierto por presunto mal desempeño de sus funciones, que hoy tuvo la última audiencia con los alegatos de la parte acusadora y de la defensa.
Los consejeros Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas, por la parte acusadora, consideraron «probado» que Freiler omitió declarar bienes en sus declaraciones juradas patrimoniales, que no indicó el origen de los fondos con los que los adquirió y que «eligió no pagar sus impuestos».
«No están juzgando aquí a un juez que ha sido un mal juez; no soy un juez corrupto como lo quiere hacer ver la acusación y como lo quiere instalar la prensa», declaró Freiler, al pronunciar sus últimas palabras como cierre del proceso que hasta el 17 de noviembre próximo, a las 9 no se conocerá la sentencia.
Freiler, acompañado por sus hijos en la sala del tercer piso de la sede del Consejo de la Magistratura , refutó parte de los argumentos acusadores y pidió al tribunal que, «más allá de la decisión final deje muy a salvo ciertas categorías jurídicas, muy necesarias para los jóvenes en general y para los estudiantes de abogacía».
«Me preocupa que un representante del Consejo considere a las garantías procesales como obstáculos; son afirmaciones propias de tiempos muy lejanos», reflexionó Freiler en alusión a la parte acusadora, conformada por los consejeros Tonelli y Piedecasas, quienes se quejaron de que la defensa había intentado «obstaculizar» el proceso.
Freiler habló luego del alegato de su abogado defensor, José María Olivares, quien durante casi dos horas presentó pruebas sobre el patrimonio del juez -que no fueron aceptadas- y refutó los cuestionamientos de Tonelli y Piedecasas por considerarlos «ambiguos, sin respaldo técnico ni con los requisitos mínimos» y opuestos a lo establecido por la CIDH -y otros tribunales internacionales- en cuanto a los riesgos de la «discrecionalidad de las autoridades a partir de regímenes sancionatorios vagos».
Por el contrario, más temprano, Piedecasas y Tonelli consideraron «probado» que Freiler omitió declarar bienes en sus declaraciones juradas patrimoniales, que no indicó el origen de los fondos con los que los adquirió y que «eligió no pagar sus impuestos».
Los consejeros reclamaron la destitución del camarista por entender que tuvo una «conducta incompatible con la dignidad del cargo», debido a que «en un breve lapso» tuvo egresos que superaron en 30 millones de pesos sus ingresos.
Concluyeron que Freiler incurrió en una «conducta ilegal» y «falta de ética», que resultan «intolerables» para un magistrado de Argentina.
Entre las irregularidades que se le imputan a Freiler figuran la omisión de un arenero, cuatriciclos, automóviles, terrenos en Necochea y una propiedad en la localidad de Olivos.
La defensa explicó una a una las condiciones de los inmuebles y vehículos que se le atribuyen a Freiler e intentó presentar fotografías y escrituras, que no fueron aceptadas por el jury.
Olivares apoyó su alegato en un detalle pormenorizado del patrimonio de Freiler, compuesto por autos de la década del 90, areneros en desuso que habían sido comprados inicialmente por su padre, Samuel Freiler, y que luego adquirió el camarista, y lotes que «nunca omitió declararlos» porque, dijo, «son valores que no ameritan ningún escondite».
«Estoy buscando el delito de corrupción. En mi opinión no hay ninguno», remarcó el abogado, para quien pesa sobre su defendido un «afán incriminatorio».
El jury contra Freiler comenzó anteayer con la declaración de tres testigos: el financista Martín Di Paola y los letrados Guillermo Lipera y Ricardo Monner Sans, estos dos últimos denunciantes del camarista.
Al igual que en la primera jornada, cuando aseguró que lo que estaba «en juego» no era su cargo sino «la posibilidad de algunas mayorías circunstanciales de remover a un juez», Freiler pidió hoy cuidar las instituciones y «no permitir la injerencia de otros poderes y de la prensa» y reivindicó haberse sometido al proceso porque, si no, hubiera servido para «sembrar dudas y dar por cierto las acusaciones infundadas».
«La acusación hace afirmaciones dogmáticamente, sin ninguna prueba que lo sostenga», dijo Freiler y vinculó esa posición a las expresiones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien se había referido a él como «un juez probadamente corrupto» poco después de que se conoció su suspensión por parte del Consejo de la Magistratura, en agosto pasado.